Justicia penal y alternativas · 4.4 Human Rights Protection

Cumple parcialmente el criterio.

México cuenta con un marco legal nacional que regula el uso de la fuerza con base en principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, prevención y rendición de cuentas. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y su revisión constitucional por la Suprema Corte acreditan una base jurídica directa, mientras que el Programa Nacional de Derechos Humanos aporta un marco programático orientado a prevenir violaciones cometidas por autoridades de seguridad.

Sin embargo, la evidencia disponible no demuestra implementación efectiva, monitoreo nacional sistemático ni reducción verificable del uso excesivo de la fuerza. Tampoco se identificó evidencia específica suficiente sobre aplicación y resultados en intervenciones relacionadas con política de drogas. La ENPOL documenta experiencias reportadas de violencia durante detenciones, y las recomendaciones de la CNDH muestran fallas operativas en casos subnacionales, lo que confirma que la brecha entre norma y práctica sigue siendo relevante. Por ello, el criterio se cumple parcialmente: existe regulación nacional y supervisión institucional, pero falta evidencia suficiente de aplicación efectiva, resultados sostenidos y control operativo homogéneo.