Justicia penal y alternativas · 4.4 Human Rights Protection

Cumple parcialmente el criterio.

México cuenta con una base legal nacional que reconoce el derecho a la atención médica de personas detenidas o privadas de libertad. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece obligaciones de asistencia médica preventiva, tratamiento, atención de primer nivel, referencia externa y servicios gratuitos en centros penitenciarios. El Código Nacional de Procedimientos Penales complementa este marco durante la detención y custodia inicial mediante garantías de trato digno y condiciones mínimas para personas imputadas.

Además, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH aporta evidencia nacional de monitoreo de condiciones penitenciarias, y la ENPOL ofrece evidencia nacional basada en experiencias reportadas por personas privadas de libertad sobre condiciones de internamiento y acceso a servicios. Sin embargo, estas fuentes no demuestran atención médica homogénea y efectiva a nivel nacional. Tampoco verifican suficiencia de medicamentos, oportunidad de atención, referencias externas, disponibilidad de personal médico, calidad clínica ni resultados sanitarios sostenidos. La evidencia periodística sobre CEFERESO 16 funciona como alerta crítica localizada, pero no prueba un patrón nacional por sí sola. Por ello, el criterio se cumple parcialmente: existe derecho legal, monitoreo institucional y evidencia nacional de experiencia reportada, pero falta evidencia suficiente de prestación médica efectiva, oportuna y homogénea para personas detenidas o privadas de libertad.