Social Reintegration Programs
Cumple parcialmente el criterio.
México cuenta con un marco legal nacional y actividad institucional documentada en materia de reinserción social. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece la reinserción como finalidad del sistema penitenciario e incorpora actividades como trabajo, capacitación, educación, salud y deporte. Además, la autoridad penitenciaria federal documenta programas, convenios y acciones dirigidas a personas privadas de la libertad, mientras que la CNDH aporta modelos y seguimiento institucional sobre la implementación de la reinserción social.
Sin embargo, las fuentes disponibles no permiten verificar cobertura nacional homogénea, calidad comparable, continuidad postpenitenciaria, resultados sostenidos o programas específicos de reinserción para personas vinculadas a delitos de drogas. La evidencia de UNODC aporta contexto de cooperación técnica, pero no sustituye prueba doméstica de implementación nacional. Por ello, el criterio se cumple parcialmente: existe base legal y actividad institucional verificable, pero falta evidencia suficiente sobre cobertura, calidad y resultados a escala nacional.
Fuentes (4): los documentos con los que se sustentó el semáforo
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2019). Un Modelo de Reinserción Social (Informe)
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2020). A cuatro años de la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal (Informe)
- Congreso de la Unión. (2026). Ley Nacional de Ejecución Penal (Ley o norma)
- Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social. (2024). Portal institucional (Norma o programa)
Los enlaces llevan al documento original o a su copia de archivo.