Justicia penal y alternativas · 4.2 Alternatives to Incarceration

Cumple parcialmente el criterio.

México cuenta con bases legales, institucionales y experiencias territoriales de justicia terapéutica vinculadas con personas participantes en programas relacionados con consumo de sustancias dentro del sistema penal. La Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen condiciones jurídicas compatibles con tratamiento, seguimiento y alternativas procesales, mientras que fuentes institucionales documentan desarrollo del modelo mexicano de tribunales de tratamiento de adicciones.

Además, existe evidencia operativa estatal en entidades como Chihuahua, Nuevo León, Durango y Estado de México. Sin embargo, la evidencia disponible no demuestra un sistema nacional consolidado de tribunales de tratamiento de adicciones con cobertura homogénea, estándares operativos comparables y evaluación nacional de resultados. La cooperación técnica de CICAD/OEA complementa la evidencia, pero no sustituye prueba doméstica de cobertura nacional. Por ello, el criterio se cumple parcialmente: existen modelos y experiencias operativas verificables, pero falta evidencia suficiente de implementación nacional uniforme y resultados sostenidos.