Impacto socioeconómico · 8.5 Economic Benefits of Regulatory Policies

El criterio no se acredita.

México dispone de mecanismos legales de no persecución y amnistía que pueden evitar determinados ingresos o permanencias en prisión. Asimismo, Proyecto Escudo documentó en Tijuana una reducción del riesgo de encarcelamiento y estimó mediante modelación una disminución del componente de costos penitenciarios asociada con la intervención.

Sin embargo, estos elementos no acreditan una reducción efectiva y contemporánea de los costos de encarcelamiento. Los mecanismos jurídicos pueden reducir potencialmente ingresos o días de prisión, pero no se identificó una estimación verificable que vincule su aplicación con personas o días de encarcelamiento efectivamente evitados, costos marginales penitenciarios y una disminución observada del gasto público.

La evidencia de Proyecto Escudo es localizada y corresponde a una intervención histórica. Aunque documenta una reducción observada del riesgo de encarcelamiento y modela costos penitenciarios evitados, no demuestra una reducción presupuestaria efectivamente realizada. La propia evaluación muestra además que los costos iniciales de capacitación, intervención y tratamiento fueron superiores, por lo que no acredita ahorro fiscal neto.

Tampoco se localizó una estimación nacional, actual y metodológicamente reproducible que atribuya una reducción del gasto penitenciario a políticas de drogas, alternativas al encarcelamiento, amnistía u otros mecanismos regulatorios. La existencia de mecanismos capaces de evitar encarcelamiento no equivale, por sí sola, a una reducción verificable de costos penitenciarios.

Bajo el criterio de nexo aplicado a los indicadores económicos, los ahorros modelados o potenciales no son suficientes: debe existir evidencia de una reducción efectiva, trazable y atribuible de costos o gasto.

En consecuencia, no se acredita una reducción actual y verificable de los costos de encarcelamiento atribuible a políticas de drogas. La clasificación roja refleja insuficiencia de evidencia económica directamente vinculada con el objeto del indicador y no implica que las medidas alternativas carezcan de potencial para generar ahorros. No se aplica Factor X.