Impacto socioeconómico · 8.1 Public Costs Associated with Drug Policies

No se acredita el criterio con la evidencia disponible.

México reconoce la reducción de daños dentro de su marco programático de prevención y atención de las adicciones. El Presupuesto de Egresos de la Federación asigna recursos al programa E032, vinculado con servicios de salud mental y prevención de las adicciones, y existen acciones técnicas e institucionales relacionadas con metanfetaminas, fentanilo, sobredosis y otros riesgos asociados al consumo. Sin embargo, esa evidencia demuestra marco programático y capacidad institucional, no gasto específicamente atribuible a reducción de daños.

La asignación de E032 integra salud mental, prevención y atención de adicciones y no permite identificar qué proporción corresponde específicamente a intervenciones de reducción de daños. No se localizaron cuentas públicas, claves programáticas o líneas presupuestarias vigentes que permitan reconstruir de forma reproducible montos aprobados, modificados, comprometidos, devengados, ejercidos y pagados para naloxona, material estéril, análisis de sustancias, prevención de sobredosis, tratamiento agonista, trabajo de calle u otros servicios específicos.

La evidencia de Baja California acredita desarrollo de herramientas, coordinación institucional y respuesta técnica, pero no demuestra financiamiento público atribuible, adquisiciones, contratos, transferencias, cobertura financiada o gasto doméstico ejecutado en reducción de daños.

Existe además evidencia histórica de financiamiento federal a intervenciones de reducción de daños vinculadas a la respuesta al VIH y ejecutadas mediante organizaciones de la sociedad civil. Esa evidencia es relevante para demostrar que México ha financiado este tipo de intervenciones en periodos anteriores, pero no acredita continuidad presupuestaria ni gasto vigente equivalente durante el periodo evaluado.

Bajo el criterio de nexo aplicado a los indicadores económicos, el reconocimiento normativo o programático de la reducción de daños, la existencia de actividades relacionadas y una partida agregada de salud mental y adicciones no son suficientes para acreditar gasto específico. Debe existir una vinculación verificable entre los recursos públicos y las intervenciones concretas evaluadas.

En consecuencia, no puede confirmarse un gasto público actual, específico, trazable y ejecutado en reducción de daños. La clasificación en rojo refleja insuficiencia de evidencia presupuestaria atribuible tras la revisión del corpus disponible; no implica afirmar que todo gasto de esta naturaleza sea absolutamente inexistente. No se aplica Factor X.