Effect on Vulnerable Communities
El criterio no se acredita.
Existe evidencia directa de afectaciones desproporcionadas sobre distintos grupos vulnerables en el contexto de la política de drogas y de los mercados ilícitos. Las fuentes documentan violencia, estigma, exclusión institucional y barreras de acceso a la justicia entre mujeres encarceladas por delitos de drogas y mujeres que se inyectan drogas. También se registran afectaciones y respuestas parciales dirigidas a comunidades indígenas, personas sin recursos y poblaciones expuestas a violencia y drogas sintéticas.
Sin embargo, esta evidencia demuestra vulnerabilidad diferenciada y daños sociales, pero no acredita el objeto específico del indicador: efectos verificables y atribuibles de la política de drogas sobre las condiciones económicas, el empleo, los medios de vida o la cohesión social de comunidades vulnerables.
No se localizaron mediciones nacionales o territoriales comparables que permitan establecer cambios atribuibles en empleo, ingresos, medios de vida, desplazamiento económico, participación comunitaria, cohesión social o recuperación de comunidades vulnerables derivados de reformas, programas de sustitución, reducción de daños, descriminalización u otras intervenciones de política de drogas.
Las respuestas sanitarias, asistenciales y de fortalecimiento de capacidades identificadas son relevantes para otros componentes de la matriz, pero no permiten inferir por sí mismas mejoras económicas o de cohesión social. Del mismo modo, la evidencia sobre impactos negativos de políticas punitivas o de violencia vinculada al narcotráfico caracteriza el contexto de vulnerabilidad, pero no sustituye una medición del efecto económico o social requerido por este indicador.
En consecuencia, no se acredita un efecto económico o de cohesión social verificable y atribuible de la política de drogas sobre comunidades vulnerables. La clasificación roja refleja insuficiencia de evidencia directamente vinculada con el objeto del indicador y no implica ausencia de vulnerabilidades o daños sociales generales. No se aplica Factor X.
Fuentes (9): los documentos con los que se sustentó el semáforo
- Carrillo Hernández, E. (2012). ¿Vinculadas al narco? Mujeres presas por delitos contra la salud. Desacatos, 38, 61–72 (Académica)
- Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. (2024, 26 de agosto). México consolida red de servicios de atención a la salud mental y adicciones (Informe)
- Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. (2024, 26 de agosto). Presentan herramientas para el abordaje de consumo de metanfetaminas y fentanilo en México (Norma o programa)
- Gobierno del Estado de Chihuahua. (2025, 29 de marzo). Participan autoridades del sector Salud en primera sesión del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones (Norma o programa)
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2025 (Informe)
- Naciones Unidas en México / Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2026, 18 de junio). Fortalecemos capacidades para el acceso y calidad en la atención de los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas en comunidades indígenas de Michoacán (Norma o programa)
- Ospina-Escobar, A. (2023). Cuerpos violables, cuerpos descartables. Mujeres que se inyectan drogas y prohibicionismo en México. Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de México, 9, e1018 (Académica)
- Ospina-Escobar, A. (2023). Cuerpos violables, cuerpos descartables. Mujeres que se inyectan drogas y prohibicionismo en México. Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de México, 9, e1018 (Académica)
- Rangel Romero, X. G. (2023). La política de drogas en México. Revista de la Facultad de Derecho de México, 73(286) (Académica)
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